Crónica de un desatino (I). El puerto tartésico de Huelva

Crónica de un desatino (I). El puerto tartésico de Huelva

Como es ya conocido por la ciudadanía de Huelva, el control arqueológico previo a la construcción de la Delegación del Gobierno Andaluz que ocupará el desmantelado interior del antiguo edificio de Hacienda, ha detectado en el subsuelo unos restos arqueológicos fechados en el siglo VII a.C., siendo identificados como parte de la zona portuaria de la época tartésica de Huelva.

 

La posibilidad de que estos restos pudieran ser investigados en su totalidad e integrados en el sótano de dicho edificio es algo que cualquier ciudad europea ─y no europea─ vería como una gran oportunidad para valorizar su patrimonio, ayudar a (re)definir su identidad urbana, y avanzar en el concepto de una ciudad pensada por y para sus habitantes. La ocasión es especialmente notable, pues los restos aluden a uno de los periodos más importantes en el devenir de las civilizaciones del suroeste europeo y las del Mediterráneo en su expansión hacia el Atlántico, hace ahora 2.700 años.

El estímulo social y cultural asociado a cualquier noticia como esta se ha visto destruido por la actuación de la Delegación de Cultura de Huelva, acompañada por el dontancredismo del Ayuntamiento, el desesperante silencio institucional de la Universidad de Huelva ─más allá de las manifestaciones a título particular de algunos de sus investigadores─ y el desinterés de señaladas instituciones profesionales y culturales (póngales ustedes mismos los nombres), que esconden la cabeza bajo el ala cuando ven temblar su estatus social.

La apriorística intención de no integrar los restos del puerto tartésico de Huelva venía anunciándose desde el momento en que las primeras declaraciones de la Delegada de Cultura pudimos oír expresiones como “a la promotora de las obras no se le puede obligar a integrar los restos” o “en todo caso, los restos serán preservados como marca la ley”. Estas tibias manifestaciones a un medio de comunicación local no presagiaban nada bueno, pues ni siquiera planteaban la posibilidad de un debate previo y colectivo en el que la sociedad pudiera informarse, ser informada y participar en su propio desarrollo cultural. La cuestión se planteó desde el inicio como un mero y oscuro acto administrativo del que emanaría una incontrovertible decisión. Por otro lado, evitar pronunciar el nombre la Junta de Andalucía, que es quien promueve las obras de rehabilitación [sic] del antiguo edificio de Hacienda, detrás de la palabra “promotora” ya apuntaba maneras. En definitiva: la Junta de Andalucía, por boca de la Delegación de Cultura, decide sobre el patrimonio afectado por ella misma, ya que es la Consejería de Presidencia (esa “promotora” de la que usted nos habla) la que promueve las obras. Y aquí paz y después gloria.

Pues bien, la resolución definitiva de la Delegación de Cultura ya se ha producido, por supuesto sin la más mínima participación social, siquiera para informar mediante, al menos, unas jornadas abiertas en las que mostrar los restos a la ciudadanía y justificar por qué los restos del puerto tartésico no van a ser integrados en las nuevas obras, quedando ocultos para siempre bajo toneladas de hormigón armado, y cuál es la razón de que tampoco se vaya a seguir investigando el resto del solar. Esta postura oscurantista no es propia, no puede serlo, de una administración mínimamente responsable. Una administración que sí integra restos en otras ciudades andaluzas (Cádiz, Málaga, Sevilla…) y que, cuando se despista y lo hace en Huelva, llega a los pobres resultados de los restos romanos bajo la tienda Sfera, o del más reciente de la muralla protohistórica de Huelva, apenas visible bajo los estantes de mortadela y papel higiénico de un supermercado de reciente construcción en la Plaza de San Pedro. Una actuación de la Delegación de Cultura que, en el contexto andaluz de las distintas delegaciones provinciales, actúa a la manera de los reinos taifas, en los que, como Juan Palomo, cada reyezuelo va a su bola.

Pero existe un problema aún más grave ya que esta resolución va a sentar un demoledor precedente. A partir de ahora, ante el hallazgo de nuevos restos por el promotor de una obra en el BIC (Bien de Interés Cultural) ‘Zona Arqueológica de Huelva’ va a ser difícil, por no decir imposible, que la Delegación de Cultura arbitre los medios para investigar la totalidad del solar y, en su caso, integrar los restos que alcancen suficiente interés para ello, ya que la propia administración que podría instarle, la Delegación de Cultura, no lo hizo en el caso del antiguo edificio de Hacienda, donde la Junta de Andalucía, la que debe dar ejemplo, fue la promotora.

Así pues, nos encontramos con una decisión que hasta el momento ha seguido un proceso opaco. Proceso del que ignoramos las partes que han participado, sus cualificaciones profesionales, sus opiniones y el resultado de las distintas alternativas que se hayan podido barajar, si es que han existido, y que han llevado a la Delegación de Cultura a tomar su decisión. Por otro lado, la resolución establece, como hemos comentado, la no necesidad de seguir investigando el resto del solar, limitándose las actuaciones pendientes al simple control arqueológico de las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación del edificio. Ello significa que, a juicio de la Delegación de Cultura, los resultados provisionales obtenidos en poco más de la mitad de la extensión del solar no solo no son lo suficientemente relevantes para integrarlos, sino ni tan siquiera para investigarlos en su totalidad. Probemos a leer la reciente entrevista realizada por un medio local al director de la Actividad Arqueológica para aumentar aún más nuestro grado de perplejidad.

 

La excusa de los “problemas técnicos” 

La decisión de no integración de los restos del puerto tartésico de Huelva se basa en  un informe emitido por el arquitecto director de las obras de rehabilitación [sic] del antiguo edificio de Hacienda. En dicho informe se argumenta que la integración exigiría bajar la altura del nivel freático que afecta al solar hasta llegar a una cota por debajo de la cimentación, lo cual supondría bombear el agua hacia el alcantarillado, con lo que ello supone de riesgo de afección a las cimentaciones de los edificios colindantes y cercanos debido al efecto de subsidencia (contracción del terreno debido a la pérdida de los áridos finos que arrastraría el agua freática al ser bombeada) que la extracción de agua originaría.

Hay que decir que la integración de los restos no exige necesariamente el bombeo continuo de las aguas del nivel freático. La tecnología a utilizar en estos casos y el procedimiento a seguir son conocidos y se vienen aplicando desde hace décadas, lo cual no explica que el informe y la valoración posterior que hace la Delegación de Cultura no se haya interesado por las alternativas al contenido de dicho informe, dándole carpetazo al asunto por la vía rápida. Se considera pues el nivel freático como problema insalvable, cuando realmente se trata de una dificultad o complicación cuya solución es técnicamente viable. Por ello la Delegación de Cultura debería solicitar otros informes ─no solo uno, y de parte─ para contrastar la diversas opciones para decidir sobre los aspectos culturales, técnicos y económicos que afecten a su decisión, y no elegir a priori la que le quita el problema de encima.  Un debate abierto en el que la sociedad, donde existen grandes especialistas también, tenga la oportunidad de informarse y avanzar en el ejercicio a su derecho constitucional a la cultura, recogido también en los convenios internacionales. (1)

Aun tapando, se destruirían restos, quedando la mayoría sin investigar

La coronación de los restos de muros y estructuras hallados en el solar del edificio de Hacienda está, en general, a unos 3,20 metros de profundidad. Ello ha dado a pie a proponer al director de las obras que, elevando un poco todo el edificio y excavando hasta 3,15 metros (es decir, a 5 centímetros por encima de los restos), se soluciona el problema porque no afectaría al patrimonio ─que quedaría sepultado en todo caso─ y permitiría la ejecución de un sótano de 2,20 a 2,50 metros de altura libre. Esta propuesta fue admitida por la Delegación de Cultura, suponemos que con alivio. Pero lo que no se tiene en cuenta ─o sí, pero no se dice─ es que existen elementos, como un horno metalúrgico también de época tartésica, que parece estar situado a una cota más alta, lo cual supondría su destrucción si se construye el sótano como dice la resolución de Cultura. En resumen, aunque se pretendan tapar los restos, parte de los mismos resultarían destruidos, sin saber aún lo que deparará la casi mitad del solar que va a quedar sin investigar.

 

 

 

Integrar o no integrar, esa es la cuestión

Este es el meollo de la cuestión. El debate sobre la conveniencia o no de integrar unos restos arqueológicos pasa lógicamente por evaluarlos científicamente después de haberlos investigado en su totalidad ─no la mitad─, teniendo en cuenta no solo su valor absoluto o su monumentalidad, sino también su significado en el contexto cultural en el que se insertan y su relación con el entorno local y territorial en el que se hallan. De ello se deduce que no todo resto arqueológico ha de ser integrado, pero sí debe ser investigado, conocido, participado y difundido socialmente, decisión a la que se debe llegar tras un debate transversal, participativo y transparente. Por otro lado, la gestión de estas “criptas arqueológicas” ─en el caso de integrarse los restos─ necesitan un proyecto previo y su adecuado seguimiento que aseguren no solo la conservación de lo integrado, sino también su adecuada difusión sin que ello suponga una carga económica que, a la postre, termine por hacer inviable la iniciativa. Este es un aspecto también importante a la hora de tomar la decisión.

El caso de los restos del puerto tartésico de Huelva reúne tres consideraciones que inicialmente nos hacen pensar en el interés de su integración. La primera es que los restos están situados en un solar amplio (863 m2, similar a la extensión de tres pistas de tenis), lo cual permitiría un suficiente desarrollo expositivo que además abre una gran ventana de interpretación de nuestro patrimonio en el mismo corazón de la ciudad, circunstancia nada común en arqueología urbana.

La segunda es que los restos hallados pertenecen a un puerto. Por ello no son de esperar inicialmente estructuras de valor artístico intrínseco ─mosaicos, columnas, podios, enterramientos, etc., los elementos más museísticos y atractivos en una primera aproximación─ pero, insistimos, se trata nada menos que de un puerto de época tartésica (con sus zonas de almacenes, estibado, posible varadero…), uno de los que sirvieron a los intercambios comerciales y culturales entre nuestros antepasados y los pueblos venidos del Mediterráneo oriental en su expansión atlántica durante los siglos IX a VI a.C. No es por tanto lo material o artístico, valores clásicos en la percepción del patrimonio cultural, lo único a tener en cuenta en este caso, sino también, y sobre todo, el valor como documento tanto en su escala local, ayudando a (re)definir la orilla del estuario de Huelva en aquellos siglos, como la territorial más amplia. Tengamos en cuenta que el conjunto de puertos protohistóricos del sur, suroeste y oeste peninsular forman un auténtico sistema territorial de patrimonio, el cual tiene más valor considerado en su conjunto que como suma de elementos individuales. Este sistema adquirió su verdadera dimensión y significado con la llegada de los navegantes fenicios, griegos y púnicos, quienes completaron y consolidaron una red de puntos de abastecimiento e intercambio comercial, tecnológico y cultural en la que el puerto tartésico de Huelva, ahora descubierto, jugó su papel, como cuenta de un collar, en las rutas de navegación atlántica de estos pueblos, y conectaba nuestro territorio con los enclaves mediterráneos de Tiro, Sidón, Biblos (en el actual Líbano), la isla de Chipre, la de Cerdeña, las colonias fenicias de la Axarquía malagueña, Gades (Cádiz) o, más tardíamente, Cartago (Túnez), mientras que por la atlántica lo hacía con las colonias costeras hasta la desembocadura del río Mondego (poco antes de llegar a Oporto) en Portugal.

La tercera consideración sería la oportunidad que, en principio, brinda el hecho de ser la Junta de Andalucía la promotora de las obras. En cualquier circunstancia esto presumiría una menor presión inmobiliaria, una mayor facilidad en la gestión del proceso y razonables esperanzas de financiación. Pues ya ven ustedes, es esta tercera consideración la que, a nuestro parecer, está fallando lamentablemente. Y no lo decimos solo por la no integración de los restos ni la injustificable negativa a investigar el resto del solar, sino también por hurtar a la sociedad el necesario y sano debate sobre la cultura a la que tiene derecho de acceso.

Ratificación del Convenio de Faro: papel mojado en el caso de Huelva

Sobre la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre su patrimonio cultural se han publicado numerosos artículos, especialmente después de los Convenios de Florencia (2000) y Faro (2005) (1). Sus autores bienen avisando de que los procesos de información y participación social son complejos y necesitan tiempo, pero de haber sido estos unos problemas insalvables (de nuevo la dualidad “problema-complejidad”), España no habría ratificado ambos convenios. También estos autores anunciaban la previsible “resistencia” que iban a plantear las administraciones tutoras del patrimonio para tener en cuenta tales procesos. Pues bien, estos avisos se vienen concretando en Huelva en situaciones como las del Museo Arqueológico, los cabezos de La Joya y Mondaca, o el edificio de Hacienda, para las que las Administraciones no plantean el más mínimo debate social y definir así una ciudad por y para sus habitantes.

A continuación, algunos de los párrafos introductorios del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad (Faro, 2005) y su artículo primero. Convenio ratificado por España el 12/12/2018 y en vigor desde el 01/08/2022.

Reconociendo la necesidad de que la persona y los valores humanos ocupen un lugar central dentro de un concepto más amplio e interdisciplinar de patrimonio cultural.

Convencidos de la necesidad de lograr que toda la sociedad participe en el proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimonio cultural.

Reconociendo que toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y libertades de los demás, lo que constituye un aspecto de su derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948) y garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Artículo 1. Objetivos del Convenio.

Los Estados parte del presente Convenio acuerdan:

a) Reconocer que los derechos referentes al patrimonio cultural son inherentes al derecho a tomar parte en la vida cultural, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) Reconocer la responsabilidad personal y colectiva respecto al patrimonio cultural;

c) Subrayar que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y la calidad de vida;

d) Adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica lo dispuesto en el presente Convenio en relación con:

– La aportación del patrimonio cultural en la construcción de una sociedad pacífica y democrática, y en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural;

– Una mayor sinergia entre las competencias de todos los agentes públicos, privados e institucionales afectados.

[continuará]

 

_______________________
(1) Picha aquí para descargar el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), ratificado por España. Pincha aquí para descargar el Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad (Faro, 2005), ratificado por España.