Crónica de un desatino (II). El puerto tartésico de Huelva

Crónica de un desatino (II). El puerto tartésico de Huelva

Hablamos de nuevo sobre el puerto de época tartésica en la ciudad de Huelva, cuyos restos han sido localizados en el solar del antiguo edificio de Hacienda durante las labores de control arqueológico previas a la ejecución de la cimentación de la nueva sede de la Delegación del Gobierno Andaluz.

El debate surgido en los medios de comunicación y redes sociales acerca de la resolución de la Delegación de Cultura de Huelva decidiendo dar carpetazo a la investigación de los restos ─con solo la mitad del solar analizado─ y de no integrar en el nuevo edificio lo hallado hasta ahora, pone de manifiesto la decisiva importancia que el debate sobre el destino del patrimonio cultural de una ciudad o un territorio ha de estar participado por la sociedad que los habita.

Este principio de participación empieza a ser antiguo, pues ya en el Convenio de Florencia (2000) y el Convenio de Faro (2005), ambos ratificados por España, pusieron de manifiesto el inequívoco papel que la sociedad debe jugar en la toma de decisiones sobre el patrimonio cultural que ella misma ha generado.

Así, a las dos patas que forman, por un lado, las administraciones tutoras del patrimonio y, por otra, las instituciones académicas, se uniría la tercera pata ─sin ella el taburete no se sostiene─ que constituye la sociedad. Estos y otros convenios, y posteriores trabajos, llaman la atención sobre este necesario equilibrio, ya que la población, a la que en último extremo van dirigidas las políticas culturales, no puede asistir como mero espectador pasivo a las decisiones que sobre su patrimonio se tomen a puerta cerrada en los despachos. En este sentido van los argumentos de, entre otros colectivos, ‘Periferias’ o ‘Huelva Te Mira’.

Hoy mismo, el periódico digital ‘Huelva Buenas Noticias’ (HBN) publica un artículo firmado por ‘JdeB’ reclamando la vuelta de un nuevo Mariano Alonso, aquel gobernador de mediados del siglo XIX que salvó el Monasterio de La Rábida de su demolición. El artículo llama la atención sobre la falta de sensibilidad de las actuales autoridades implicadas en la protección y difusión del patrimonio, en este caso los restos del puerto tartésico de Huelva, las cuales parecen no entender lo que el gobernador Alonso sí apreció en el monasterio hace 170 años. A este planteamiento de HBN quisiéramos añadir a manera de matización que, como hemos comentado al principio, en el siglo XXI ya existen convenios internacionales suscritos por nuestro país que, sobre el papel, instan a no dejar que las resoluciones sobre el patrimonio cultural de una sociedad dependan únicamente de decisiones tomadas a puerta cerrada. Asumiendo la población el papel que le confieren dichos convenios, y a pesar de la previsible “resistencia” de administraciones e instituciones, no solo es de esperar un nuevo gobernador Alonso ─que falta hace, por supuesto─ , sino es de esperar también que a la sociedad se le deje participar.

Dicho esto, también nos gustaría manifestar nuestro cordial desacuerdo con el citado artículo al comentar este que son “criterios de optimización económica en el ámbito de la seguridad fabril” los que guían a los arquitectos en su toma de decisiones. A nuestro parecer, esta apreciación no es correcta o, al menos, no en todos los casos. Profesionales de la arquitectura los hay de muchos tipos, formación y sensibilidad, al igual que los hay en la abogacía, judicatura, medicina, docencia o periodismo. Ni más ni menos. Ello quiere decir que sí existen arquitectos que no solo tienen en cuenta los criterios mencionados por HBN, sino también los culturales, simbólicos o identitarios, y la función social que la arquitectura tiene para el bienestar de la vida de las personas. No pocos ejemplos de profesionales de la arquitectura trabajan codo con codo con los de la historia, la arqueología, la geología, la sociología, la sicología, la ingeniería, etc. Y no pocos los que, incluso en contra de sus supuestos y presuntos intereses, han impulsado una mayor actuación de algunos de estos otros profesionales en favor de los valores del patrimonio a proteger. Por tanto, desde la arquitectura sí existen personas perfectamente capaces de participar en la elaboración ─junto a historiadores, arqueólogos, abogados, economistas o sociólogos…─ de un discurso conjunto (sincrético podríamos decir) sobre el patrimonio, no por cesión de sus atribuciones, sino por el profundo conocimiento adquirido y el convencimiento de que su labor no es la de contraponer, sino siempre la de contribuir.

[continuará]